El agua no es un negocio

En abril de 1974, todavía tiempos predemocráticos, el arquitecto municipal elaboró un informe, por encargo del alcalde, sobre la situación del abastecimiento de agua en el municipio.

En él dice cosas como esta: «Durante los últimos años, y más asiduamente en periodo estival, el Servicio de Abastecimiento domiciliario de Medina del Campo padeció serias deficiencias, tanto en el suministro como en la distribución, siendo numerosos los inmuebles y fincas que carecieron de agua durante largos periodos de tiempo».

Dice que la resolución del problema requería la realización de un número muy elevado de mediciones, comprobaciones y obras de acondicionamiento. También que el Ayuntamiento carecía del personal y los medios especializados precisos para abordar un asunto de tanta envergadura.

¿La recomendación del arquitecto? Contratar urgentemente el servicio de agua con una empresa especializada.

Considero que la obra debe acogerse a la exención de subastas en base a la urgencia del asunto.

El 10 de mayo de 1974 se aprobó por unanimidad la urgencia y la contratación directa «por el tiempo estrictamente necesario» con la Sociedad General de Aguas del Sur (SOGESUR).

A final de mes, el 31 de mayo, el Pleno aceptó la propuesta de SOGESUR que se compometía a realizar el servicio al precio de 7,36 pesetas el metro cúbico de agua. Se le adjudicó a partir del día siguiente, 1 de junio, sin especificar la duración del contrato.

La adjudicación fue inmediata y directa. No obstante tiempo después se convocó un concurso para la adjudicación del servicio. Resultó que solo se presentó una empresa: SOGESUR, cuyo nombre había variado de Sociedad General de Aguas del Sur a Sociedad de Gestión de Servicios Urbanos. Se adjudicó por 7,10 pesetas el metrocúbico, durante un periodo de 25 años. Hasta el año 2000.

Decisión ideológica

¿De verdad era imprescindible contratar a una empresa privada para garantizar un servicio que el Ayuntamiento tiene la obligación de suministrar?

El arquitecto de entonces consideró que sí, y los miembros del Pleno le hicieron caso. Pero la historia demuestra que el Ayuntamento no solo podía, sino que debía, haberse hecho cargo del servicio.

El suministro y distribución del agua se sufragó en esos 25 años con el dinero que pagaron los vecinos por su consumo, tarifas que fija el propio Ayuntamiento revisadas periódicamente. Con esas tarifas la empresa no solo ha prestado el servicio y mantenido las infraestructuras, también ha obtenido su beneficio económico, que no sabemos cuánto ha sido. Pero si la empresa ha ganado dinero, y nos cuesta mucho creer que no le haya ganado, el Ayuntamiento podía y debía haber hecho lo mismo pero ahorrando a los vecinos el beneficio empresarial. Es así de fácil.

La renovación de la concesión

LLegamos al 2001, que no nos trajo la odisea en el espacio que filmó Kubrick, nos trajo una nueva concesión del servicio público de suministro de agua. ¿Y qué empresa fue la adjudicataria? SOGESUR. Por otros 25 años.

En esta ocasión hubo novedades significativas.

SOGESUR pagó al Ayuntamiento 603 millones de pesetas tras la firma del contrato.

Se estipuló que SOGESUR pagaría al Ayuntamiento, en concepto de canon anual, la cantidad de dos céntimos de euro por cada metro cúbico facturado a los abonados.

Es decir, que los vecinos de Medina no solo estamos pagando el coste del servicio y el beneficio empresarial de SOGESUR, también nos cobra (porque no creemos que lo pague la empresa) el canon del Ayuntamiento. Tenemos dos cobradores, SOGESUR y el Consistorio, por el mismo servicio.

¿Y eso de la libre competencia del sistema capitalista dónde está?

¿Cuánto ha ganado SOGESUR si tenemos en cuenta que pagó sin rechistar, de golpe, 603 millones de las antiguas pesetas? ¿Cuánto ha ganado el Ayuntamiento cobrándonos a los vecinos por un servicio que presta una empresa privada? ¿Esto no es un impuesto encubierto?

Más contratos

En 2003 SOGESUR fue absorvida por AQUALIA S.A. El 14 de enero de 2004 el Ayuntamiento aprobó la subrrogación del contrato firmado con SOGESUR en favor de AQUALIA.

El 27 de julio de 2004 el Ayuntamiento firmó el contrato del servicio público de mantenimiento, conservación y explotación de la estacion depuradora de aguas residuales de Medina del Campo. ¿Con qué empresas? Con AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUAS S.A.

Por ese contrato AQUALIA paga un canon al Ayuntamiento (que nos cobra a los vecinos) de 0,0042 €/m3. Se pagapor el «disfrute de la cesión, utilización y disfrute de las instalaciones afectas al servicio».

Los usuarios pagamos a la empresa, y al Ayuntamiento, por el mismo servicio. ¿Por qué no gestiona directamente el Ayuntamiento estos servicios que tiene la obligación de prestar? Nos ahorraríamos al menos el coste del beneficio empresarial.

Esta tarifa está fijada en base al agua que se consume, no el que vertemos para su depuracion. AQUALIA nos cobra lo mismo por tirar de la cadena que por regar los tiestos o el jardín, aunque no depuren ese agua. Y el Ayuntamiento también se lleva su cachito.

¿Próxima renovación?

El contrato firmado con AQUALIA para el suministro y distribución del agua potable finalizó el pasado 3 de enero. Desconocemos qué intenciones tiene el actual equipo de Gobierno con respecto al futuro del servicio municipal de aguas que debe prestar el Ayuntamiento.

Gana Medina apuesta firmemente por la remunicipalización tanto del servicio de suministro como de la depuración de aguas residuales. Tal y como demostraremos más adelante la gestión pública no sólo es más eficiente que la privada desde el punto de vista económico, también por la sensibilidad y garantías que ofrece desde los puntos de vista medioambiental y laboral.

# Valladolid demostró que era posible: el agua volvió a ser pública

En junio de 2015, después de veinte años del mismo gobierno municipal, Valladolid abrió una nueva etapa política. No fue solo un cambio de alcalde. Fue un cambio de prioridades. Entre ellas, una muy clara: recuperar la gestión pública del agua.

La concesión privada del ciclo integral del agua vencía en 2017. Durante dos décadas, el servicio había estado en manos de una empresa del grupo Agbar. Cuando llegamos al gobierno municipal, teníamos que decidir si prorrogábamos el modelo privado o si apostábamos por devolver a la ciudad la gestión de un bien básico. No era una decisión menor: hablamos de un servicio que abastece a unas 350.000 personas, que gestiona casi 29 millones de metros cúbicos de agua al año, con más de 1.400 kilómetros de redes de abastecimiento y saneamiento, dos plantas potabilizadoras y una depuradora.

Frente a quienes planteaban el debate como una cuestión puramente ideológica, hicimos lo que correspondía: estudiar con rigor todas las opciones. Encargamos informes técnicos, jurídicos y económicos; constituimos una comisión político-técnica con presencia de todos los grupos; abrimos foros ciudadanos; dialogamos con la dirección y con la plantilla. La voluntad política estaba clara, pero necesitábamos demostrar que, además de justa, la decisión era viable y eficiente.

Y los datos hablaron. Durante los veinte años de gestión privada, el Ayuntamiento percibía un canon anual de 5,6 millones de euros, pero las inversiones reales en la red fueron claramente insuficientes: apenas 27 millones en dos décadas. Eso generó un déficit acumulado cercano a los 96 millones de euros y dejó infraestructuras envejecidas, con muchos elementos al final de su vida útil.

La pregunta era sencilla: ¿queríamos seguir dependiendo de un modelo en el que parte de lo que pagaban las vecinas y vecinos se destinaba a beneficios empresariales, o queríamos que cada euro se reinvirtiera en el propio servicio? Optamos por lo segundo.

En 2017 nació Aquavall, la empresa municipal 100% pública que asumió el ciclo integral del agua. Subrogamos a las 159 personas trabajadoras, garantizando sus derechos y asegurando la continuidad del conocimiento técnico acumulado. La calidad del servicio no solo no se resintió: se reforzó.

Cinco años después, los resultados fueron incontestables. Se habían licitado obras por más de 50 millones de euros y adjudicado cerca de 46 millones, frente a los 27 millones invertidos en los veinte años anteriores. Es decir, casi el doble de inversión en una cuarta parte de tiempo. Tres de cada cuatro euros se destinaron a renovar redes de abastecimiento y saneamiento, interviniendo en casi 95 kilómetros de conducciones, muchas de ellas con tecnología sin zanja para minimizar molestias a la ciudadanía.

Además, se inviertieron más de 7 millones en modernizar las plantas de potabilización y depuración, mejorando la calidad del agua y la eficiencia energética, y cerca de un millón más en renovar la flota con vehículos eléctricos. Todo esto, con las tarifas congeladas durante cinco años.

En los 19 años de gestión privada, el precio del agua acumuló una subida del 37%. En la etapa pública no sólo no ha habido incrementos, sino que se ampliaron las bonificaciones sociales y se ha garantizado que ninguna familia vulnerable se quede sin suministro. Porque cuando la gestión es pública, el criterio no es maximizar beneficios, sino garantizar derechos.

Algunos nos decían que la gestión directa sería más cara o menos eficiente. La realidad es exactamente la contraria. Cuando una empresa privada presta un servicio, una parte de los ingresos se destina necesariamente a beneficios. Es legítimo: es su razón de ser. Pero cuando la gestión es pública, ese margen se reinvierte íntegramente en mejorar infraestructuras, ampliar bonificaciones o reforzar la atención a la ciudadanía. No es un eslogan. Son números.

Y la experiencia del agua no ha sido aislada. También recuperamos la gestión 100% pública de NEVASA, la empresa de servicios funerarios. La inversión para adquirir el 49% privado fue de 4,5 millones de euros. Con el primer ejercicio completo, el beneficio permitió prever una amortización en menos tiempo del estimado inicialmente. De nuevo, recursos que antes se repartían pasan ahora a fortalecer el servicio y las arcas municipales.

Claro que hay una base ideológica. La convicción de que bienes esenciales como el agua no deben estar sometidos a la lógica del mercado. Pero hay también una constatación práctica: gestionar directamente es más eficiente, más transparente y más justo.

El proceso no fue sencillo. Hubo recursos judiciales, hasta diez, promovidos por el sector privado. En todos los casos, los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento. Hubo dudas, resistencias y debates intensos.

Pero hoy Valladolid tiene uno de los precios del agua más bajos de España, un servicio con mayores inversiones que nunca, redes en proceso de modernización y una empresa pública con compromiso social, código ético, plan de igualdad y políticas de transparencia auditadas.

Cuando defendemos la gestión pública no estamos hablando de una bandera abstracta. Estamos hablando de que el dinero de nuestras vecinas y vecinos se quede en la ciudad. De que las decisiones estratégicas sobre infraestructuras críticas se tomen pensando en el interés general. De que los derechos básicos no dependan de la rentabilidad de una cuenta de resultados.

Siempre digo que las decisiones verdaderamente acertadas acaban siendo inevitables. Lo hemos visto con el paso del tiempo: tras años de críticas, advertencias y augurios catastrofistas, el actual gobierno de derechas no ha revertido la gestión pública del agua. Y no lo ha hecho porque los datos, la eficiencia y el respaldo ciudadano pesan más que cualquier prejuicio ideológico. Cuando una política funciona, cuando mejora el servicio y protege el interés general, deja de ser una bandera para convertirse en una evidencia.

Y esa es, quizá, la mayor confirmación de que Valladolid tomó el camino correcto.