Estamos a 48 horas de una nueva huelga general en España.
En los tiempos que vivimos la actualidad fluye a velocidad vertiginosa, por ello es bueno recordar los precedentes, motivaciones y objetivos de esta movilización socio-política a la que, sin duda, «Es la hora» se suma. Es una huelga legal, necesaria y justa.
Hace ya muchos años que el acceso a la vivienda, bien en propiedad o bien en alquiler, es un problema de primera magnitud en España. Los precedentes más antiguos de la lucha por una vivienda digna se remontan nada menos que a principios del siglo XX. Ya en 1919 se creó la Unión en Defensa del Inquilino, y en 1931 se produjo la primera huelga de inquilinos en Barcelona organizada por la CNT y diversos grupos vecinales. O sea, que esta lucha social no es nueva ni menos necesaria ahora que hace cien años.
La Constitución de 1978 dice que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». También habla del deber de los poderes públicos de regular el suelo, según el interés general, para evitar la especulación inmobiliaria. ¿Se ha tenido en cuenta ese derecho de los ciudadanos y ese deber de la poderes públicos en todo este tiempo? La realidad de los hechos corrobora que no se ha respetado el derecho de los ciudadanos ni se ha materializado el deber de los poderes públicos para garantizar ese derecho que es un mandato de la Constitución. Esto una obviedad incontestable.
En la primera década del siglo XXI el precio de la vivienda en España subió en torno al 180%, una subida mucho mayor que la que experimentaron los sueldos en el mismo periodo de tiempo. En 2008 llegó la crisis financiera que comenzó con las hipotecas subprime y la quiebra de Lehman Brothers.
El gran seísmo económico mundial de 2008 tuvo repercusiones también en España. 350.000 familias se quedaron sin casa, embargadas por el impago de la hipoteca, lo que conllevó su desahucio. La solución que puso en marcha entonces el PP fue rescatar con dinero público a los bancos (a los ricos), no a los trabajadores que se quedaron sin empleo y no pudieron seguir pagando la hipoteca. Los obreros se quedaron sin empleo, sin casa y sin rescate, pero con la misma deuda hipotecaria que antes de ser desahuciados.
Esa situación propició la creación de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) en febrero de 2009. Surgió en Barcelona pero en poco tiempo se extendió al resto del país. Esa plataforma puso en marcha diversas iniciativas y campañas, por ejemplo «Stop Desahucios» o «Dación en pago», y sigue activa en la actualidad.
En 2017 (como sucedió cien años antes con la Unión en Defensa del Inquilino) se crearon varias organizaciones para defender los derechos de los usuarios del inquilinato, por ejemplo el Sindicat de Llogateres de Barcelona o el Sindicato Social de Inquilinas e Inquilinos de la Comunidad de Madrid. Estas asociaciones han protagonizado diversas acciones y campañas en defensa de los inquilinos con diversos resultados, una actividad constante y minoritaria hasta que un día, como suelen suceder estas cosas, un hecho concreto incendió la mecha de la indignación colectiva.
Maricarmen es desahuciada de su casa por la policía. Foto: Eduardo Diéguez (Madridiario)
El 23 de septiembre se produjo el desahucio de Mari Carmen Abascal. Se le llama «lanzamiento judicial» y afectó a una mujer de 87 años que tenía un 50% de discapacidad. Maricarmen había habitado esa casa en régimen de alquiler los últimos setenta años. 840 meses de alquiler pagados religiosamente, 3.400 semanas de su vida... ¡25.500 días!
Los actuales propietarios del piso son Ricardo Alonso y Fernando Alonso, dueños de la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L. Estos empresarios quisieron subir el alquiler a Maricarmen un 247%, hasta los 2.500€ al mes, una cantidad muy superior no solo al alquiler que pagaba sino a su pensión íntegra.
Los dueños iniciaron un proceso judicial para echar a la inquilina, un proceso que terminó con el desahucio de Maricarmen el 23 de septiembre de 2026. Fue un desahucio violento que ejecutó la Policía Nacional a pesar de las protestas de los vecinos y los miembros del Sindicato de Inquilinas. La policía sacó a la anciana de su casa por la fuerza y en camilla. Los servicios sanitarios trasladaron a Maricarmen directamente desde su casa de toda la vida al hospital Gregorio Marañón del que ya no salió. Falleció el 7 de octubre de 2026, catorce días después del desahucio ejecutado con violencia. Al día siguiente se produjo una marcha ciudadana en Madrid en recuerdo y homenaje a Maricarmen.
Marcha por Maricarmen en Madrid. 8 de octubre de 2026. Foto Franklin Vasquez Soliz.
Acampada en la Puerta del Sol
Tras el desahucio de Maricarmen el Sindicato de Inquilinas convocó una manifestación que tuvo lugar el sábado 26, una marcha entre la Puerta del Sol y el Congreso de los Diputados.
Tras la lectura del manifiesto en la plaza de las Cortes los organizadores establecieron una acampada de protesta en Sol. El ejemplo de Madrid fue seguido en otras ciudades del país con notable éxito: Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Santiago de Compostela, Murcia, Palma de Mallorca o Zamora, entre otras.
El Sindicato de Inquilinas hizo una propuesta política de cinco puntos:
• Ley estructural en contra de los desahucios, en la que se prohíba desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional.
• Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que se limite el alquiler estacional y de habitaciones y se priorice el alquiler habitual.
• Congelación de precios de los alquileres como se hizo en Nueva York.
• Prórrogas generalizadas de los contratos de alquiler.
• Renovaciones automáticas de los contratos de alquiler con prohibición de expulsión sin causa como sucede en Londres.
El ejemplo esclarecedor de lo sucedido con el desahucio de Maricarmen, y la reacción de la sociedad civil ante el mismo, obligó a mover ficha a los políticos, a los representantes del pueblo soberano. El Gobierno de coalición, con posturas diferentes entre la parte del socialista y la de Sumar, finalmente alcanzó un acuerdo y aprobó en Consejo de Ministros el 29 de setiembre dos decretos-ley sobre vivienda que debían someterse a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados. El Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya (el triunvirato de la derecha extrema y la ultraderecha) tumbaron el 2 de octubre los dos decretos presentados por el Gobierno. El 5 de octubre el presidente del Gobierno anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.
Huelga general
El 5 de octubre, el mismo día que se disolvieron las Cortes, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT anunciaron su intención de convocar una huelga general de 24 horas durante el otoño con el propósito de vincular las movilizaciones por la vivienda a las reivindicaciones salariales y laborales. Ambas organizaciones consideraron que el coste de la vivienda estaba absorbiendo una proporción creciente de los ingresos de las personas trabajadoras y dificultaba el acceso a unas condiciones de vida adecuadas.
Dos días después, el 7 de octubre, Maricarmen falleció en el hospital Gregorio Marañón. Su abogada, Beatriz Duro, no hizo pública la causa médica del fallecimiento, aunque sostuvo que el proceso de desahucio había provocado un grave deterioro de su salud.
El 19 de octubre representantes de nueve organizaciones sindicales formalizaron el registro de la convocatoria ante el Ministerio de Trabajo. CSIF, USO y Fetico no se han sumado a la convocatoria por diferentes motivos, lo que evidencia que la acción sindical es diferente entre unas organizaciones y otras. En algunos casos muy muy diferente.
La patronal en contra de la huelga
El 19 de octubre, el mismo día en el que se registró la convocatoria en el ministerio, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anunció que su organización impugnaría la huelga general por la vivienda al considerar que tenía un carácter «electoral». El presidente de la patronal dijo que la convocatoria se había revestido de reivindicaciones laborales para intentar darle una cobertura legal que no tenía. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepyme, también se pronunció en contra de la huelga ese mismo día, pero no hizo ningún anuncio de impugnación.
Unos días después, el 22 de octubre, se supo a través de una información de elDiario.es que la CEOE no impugnaría judicialmente la huelga antes de su celebración, reconociendo con ello la legalidad de la convocatoria, extremo que la patronal había cuestionado anteriormente y no se ha disculpado por ello hasta el momento.
Los posicionamientos de los principales actores interesados estaban al descubierto en ese punto, y cada uno empezó a jugar sus cartas de cara a la convocatoria que ya estaba en marcha. Así estaban las cosas hasta que la tragedia golpeó la realidad del país hasta extremos descorazonadores. Un nuevo accidente ferroviario en la red de alta velocidad, concretamente en Urda (Toledo), segó la vida de 69 personas. La precampaña y la convocatoria de huelga general quedaron en un segundo plano ante la tragedia.
Flores y velas en la estación de Sevilla-Santa Justa el 31 de octubre de 2026, en memoria de las víctimas. Foto Emijrp
«Es la hora» se suma al luto por la tragedia de Urda y nos solidarizamos con las víctimas del accidente y sus familias. Expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de las personas que han perdido la vida, y deseamos que los heridos se recuperen completamente en el menor tiempo posible.
El PP y Vox en contra de la huelga utilizando a las víctimas del accidente para justificar su postura
Todos los partidos, menos Vox, suspendieron la agenda de precampaña durante los tres días de luto que decretó el Gobierno del Estado. Santiago Abascal dijo en un acto en Valladolid la tarde del mismo día del accidente «Que no utilicen el luto para callarnos», además de poner sobre la mesa sus habituales soflamas políticas en contra del Gobierno.
Pasado el luto oficial, concretamente el 3 de noviembre, tanto PP como Vox hicieron un llamamiento a los sindicatos para que suspendieran la convocatoria de huelga general. El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, dijo: «Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error. No la hagan». Así argumentó Feijóo su petición a los sindicatos de desconvocatoria de la huelga general por la vivienda, «no solo porque se celebre a tres semanas de ser llamados a las urnas, sino por el accidente ferroviario de Urda».
Santiago Abascal, presidente de Vox y también candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones, hizo un llamamiento similar al de Feijóo pero con mayor agresividad. «Los sindicatos deberían tener un mínimo de vergüenza (y desconvocar la huelga), y si no la tienen tomaremos nota si hay un cambio político en España», dijo Santiago Abascal en una entrevista en Telecinco. Esa afirmación es una amenaza evidente, nada velada, a los sindicatos: se actuará contra ellos en caso de alcanzar el poder, junto al PP, tras las elecciones del día 26. No es que sea una sorpresa, solo el anuncio solemne de lo que sucederá a tenor de lo que ya está haciendo Vox en relación a los sindicatos en los gobiernos autonómicos en los que ya está presente. Cabe recordar que Abascal no solo no suspendió su precampaña tras el accidente sino que dijo aquello de no utilizar el luto para callarle. Pero él sí utilizó a las víctimas del accidente para exigir a los sindicatos la desconvocatoria de la huelga general, o sea, para callarles. A los sindicalistas sí había que callarles, según Abascal.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, respondió el mismo día 3 de noviembre a la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de desconvocatoria de la huelga general. «Me pregunto por qué si uno de los motivos es precisamente reivindicar la inversión en servicios públicos y en el sostenimiento de las grandes infraestructuras públicas que necesita nuestro país», argumentó en Zaragoza Sordo.
Por su parte el secretario de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial de CCOO de Castilla-La Mancha, José Manuel Muñoz, manifestó ese día que «Hay suficientes motivos para hacer esta huelga. Es un homenaje incluso a todos los que han perdido su vida por ese sistema que nos arrastra a diario y que marca unas expectativas de futuro mejores para los que más tienen y peores para los que menos tenemos».
«Es la hora» hace un llamamiento a todos los trabajadores de Medina del Campo y comarca a secundar la huelga general del próximo miércoles, y también a participar en la manifestación que se celebrará en Valladolid.
